A pocos días de finalizar el plazo de la Ley de Nietos (Ley de Memoria Democrática), la presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, Violeta Alonso, plantea la necesidad de una nueva ley de nacionalidad española sin límites temporales. Los detalles del debate y las perspectivas hacia 2026, en esta nota.
Esto quiere decir que buscan una normativa permanente y accesible para todos los descendientes de españoles en el mundo.
Alonso, en visita oficial a Argentina, destacó que la actual disposición de la Ley de Memoria Democrática (LMD) —vigente hasta el 22 de octubre— fue positiva, pero dejó fuera a muchos potenciales beneficiarios por falta de información o dificultades administrativas.
El planteamiento surge en un contexto en el que miles de solicitudes de nacionalidad se encuentran aún en tramitación en consulados de todo el mundo.
Acompañada por representantes del CGCEE y de la colectividad española en Argentina, Alonso enfatizó que el derecho a la nacionalidad debe ser un vínculo permanente con España, no una oportunidad condicionada por plazos legislativos.
El debate por una ley definitiva se reactivará en el próximo pleno del CGCEE, previsto para mediados de 2026, donde se abordarán también temas como el acceso al DNI desde el exterior y la universalidad sanitaria.
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¿Cómo se propone la nueva ley de nacionalidad española sin plazos y por qué es necesaria?
La propuesta que impulsa el CGCEE apunta a establecer una ley estable y permanente que reconozca el derecho de los descendientes de españoles sin limitaciones temporales, garantizando así la continuidad del vínculo jurídico y emocional con el país de origen de sus antepasados.
Según Alonso, la medida no sólo consolidaría los logros alcanzados por la Ley de Memoria Democrática, sino que resolvería las inequidades derivadas de los distintos marcos legales previos, que han dejado a muchas personas fuera de los beneficios.
Durante su visita a Argentina, Alonso reconoció el esfuerzo de los consulados españoles, que han debido atender un volumen inédito de solicitudes pese a la escasez de personal y recursos.
Sin embargo, advirtió que no todos los consulados aplican los mismos criterios y eso genera demoras e incertidumbre. La funcionaria aseguró que el Consejo trabaja para “homogeneizar los procedimientos y garantizar que nadie que cumpla los requisitos quede fuera del sistema”.
La presidenta del CGCEE subrayó que el acceso a la nacionalidad no debe depender del azar o de la rapidez en presentar la documentación, sino de un derecho legítimo y duradero.
“Hay personas que recién ahora se enteran de la existencia de la ley, o que no han podido optar a tiempo por razones ajenas a su voluntad”, sostuvo.
La nueva legislación buscaría corregir esas injusticias mediante una norma sin caducidad, abierta a todos los descendientes de españoles.
Además, el organismo que encabeza Alonso propone incluir en la nueva ley a colectivos aún no contemplados, como los descendientes de mujeres españolas casadas con extranjeros antes de 1978, o los nietos de quienes perdieron la nacionalidad por motivos políticos o económicos.
“Queremos una ley que no excluya a nadie por cuestiones históricas o administrativas”, remarcó la presidenta del CGCEE.
¿Por qué se plantea que la Ley de Nietos fue positiva, pero no suficiente, para la nacionalidad española?
La Disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos, permitió durante casi dos años que miles de descendientes de españoles accedieran a la nacionalidad.
Desde su aprobación, más de 800.000 solicitudes fueron presentadas en consulados de América Latina y Europa, con especial concentración en Argentina, Cuba y México. Para Alonso, se trató de “una norma muy positiva y generosa”, pero insuficiente.
El principal mérito de la ley, explicó, fue reparar una deuda histórica con quienes emigraron por razones políticas o económicas durante el siglo XX.
Sin embargo, su carácter temporal —limitado a dos años— impidió que muchas personas pudieran acceder al beneficio. “No todos tuvieron la información ni el tiempo suficiente”, advirtió Alonso, quien insistió en que los derechos ciudadanos “no deben depender de plazos administrativos”.
Otro de los puntos críticos señalados por el CGCEE es la falta de uniformidad en los criterios consulares.
En algunos países, la presentación de ciertos documentos fue exigida con más rigor que en otros, generando confusión entre los solicitantes.
Alonso reconoció el compromiso del personal diplomático, pero remarcó que es “necesario unificar las directrices” para garantizar igualdad de trato en todos los casos.
Pese a las limitaciones, la funcionaria valoró el impacto positivo de los Consejos de Residentes Españoles (CRE), que actuaron como redes de asesoramiento y acompañamiento para los ciudadanos.
En Argentina, por ejemplo, estas entidades organizaron jornadas informativas y asistencia documental que permitieron a miles de personas completar sus trámites. “El esfuerzo colectivo fue enorme y debe ser reconocido”, subrayó.
Alonso también destacó que el cierre del plazo de la LMD no debe interpretarse como un final, sino como una transición hacia una legislación más sólida.
El objetivo, señaló, es convertir un proceso temporal en un derecho permanente, que reconozca la pluralidad y la historia compartida de la ciudadanía española en el exterior.
¿Cuándo se realizará el pleno, ya cumplido el plazo de la Ley de Nietos, y cuáles serán sus ejes?
El plazo de la Ley de Nietos finaliza el 22 de octubre, y el CGCEE ya prepara un nuevo pleno para mediados de 2026, en el que se abordarán los ejes de una posible ley permanente de nacionalidad.
Este encuentro será clave para definir la hoja de ruta del futuro marco legislativo y otras cuestiones vinculadas al retorno y la ciudadanía en el exterior.
Entre los temas que se debatirán destacan:
La creación de una ley de nacionalidad sin plazos,
La posibilidad de tramitar el DNI español desde el extranjero,
Y la garantía de acceso universal a la sanidad para quienes residan fuera y visiten temporalmente España.
Alonso señaló que las comisiones de trabajo del Consejo se reunirán antes de fin de año para avanzar en propuestas concretas.
También anticipó que el Plan Estatal de Retorno —que busca facilitar el regreso de españoles y sus descendientes al país— podría ponerse en marcha recién a comienzos o mediados de 2026, debido a que aún se están definiendo sus medidas y presupuestos.
Durante su estancia en Argentina, la presidenta del CGCEE visitó entidades como el Centro Asturiano, el Centro Gallego de Avellaneda y el Centro Región Leonesa de Buenos Aires, donde dialogó con las comunidades sobre sus inquietudes.
En cada encuentro, resaltó la importancia de acercar a las nuevas generaciones a las instituciones españolas y fomentar su participación. “Hay que pensar en nuevas dinámicas que los atraigan y asegurar la continuidad de nuestras colectividades”, afirmó.
La apuesta por una ley sin plazos no es sólo una cuestión legal, sino también simbólica: busca consolidar un puente permanente entre España y su diáspora, un vínculo que trascienda los tiempos políticos y preserve la memoria de quienes partieron, pero nunca dejaron de sentirse españoles.
Fuente: https://infocivitano.com
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