En 1861, cuatro décadas después del triunfo de los movimientos independentistas de Hispanoamérica y cuando Cuba y Puerto Rico eran las dos únicas colonias supervivientes del imperio español en este continente, el presidente dominicano Pedro Santana le propuso al gobierno de España —y éste aceptó— la anexión de la República Dominicana con la categoría de provincia española de ultramar: primera y única vez en la historia americana en que una nación independiente le pedía a su antigua metrópoli que impusiera nuevamente su dominación.
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| Pedro Santana |
Este peculiar episodio se explica un poco por la historia del país donde se produjo: a diferencia de otros territorios hispanoamericanos, Santo Domingo (la parte oriental de la Española) se independizó de España, a fines de 1821, sin que el gobierno colonial opusiera mayor resistencia, antes bien al final de un período de abandono de la que había sido su primera posesión americana, al que también se le ha llamado el de “la España boba”. Al tiempo que esto ocurría, la vecina República de Haití, que hacía poco derrotara a las tropas napoleónicas, concebía extender la dominación haitiana a toda la isla.
La invasión haitiana se consumó en febrero de 1822: apenas tres meses después de proclamada la independencia del también llamado Haití Español, los haitianos francoparlantes controlaban toda la isla y allí se mantuvieron durante 22 años, hasta que una revolución nacionalista estableció la República Dominicana en 1844. Diecisiete años más tarde, el estado del país era tal que el gobierno de Santana, advenido al poder mediante un golpe militar contra un gobierno inepto, empezó a hacer gestiones para obtener la anexión a alguna gran potencia.
Estados Unidos y Francia fueron sus primeras opciones, pero no tuvo éxito, y fue así que Santana inició negociaciones con España, directamente y a través del capitán general de Cuba. En marzo de 1861 se consumó la anexión, sancionada oficialmente por la reina Isabel II y por las cortes españolas. La bandera roja y gualda volvía a ondear de nuevo en Santo Domingo por invitación expresa de las autoridades isleñas. El presidente Santana se convertía, de este modo, en gobernador colonial.
Pero España no regresaba sin condiciones. El gobierno dominicano había pedido que se preservara la libertad individual —bastante menoscabada en las restantes colonias españolas del Caribe- y que no fuera a restablecerse la esclavitud, que todavía regía en aquellas. Asimismo, el carácter jurídico del territorio que se reintegraba a la “madre patria” era de provincia española, con todos los privilegios que esto implicaba. El acuerdo bilateral prescribía también el empleo del mayor número posible de funcionarios civiles y militares dominicanos en el nuevo gobierno español y el reconocimiento de los actos de los gobiernos dominicanos desde el cese de la dominación haitiana hasta la fecha.
Aunque el gobierno español aceptó estas condiciones, en la práctica no tardó en incumplirlas: la mayoría de los funcionarios públicos dominicanos fueron sustituidos por españoles procedentes de Cuba y Puerto Rico; se limitó el libre comercio con impuestos más altos a los barcos no españoles que llegaban a la nueva provincia y se intentó restablecer el monopolio en las exportaciones del tabaco; se produjeron retrasos en el pago de los salarios de los militares dominicanos que servían bajo la bandera española, a quienes además se les humilló al prohibirles que usaran el uniforme de las Fuerzas Armadas españolas. Y si bien no se reinstauró la esclavitud, los funcionarios españoles trataban con abierto desdén a la población dominicana que ya para entonces era mayoritariamente mulata.
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| Monumento a la Guerra de Restauración de la República Dominicana |
Fuente: Yahoo
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