martes, 22 de diciembre de 2015

El cierre del Congreso por decreto

En 1908, el presidente José Figueroa Alcorta tomó una drástica medida contra el Poder Legislativo, donde la mayoría opositora se negaba a tratar el presupuesto


No se ignora que el doctor José Figueroa Alcorta (1860-1931) fue el único argentino que condujo los tres poderes del Estado, en distintos momentos de su vida. Fue vicepresidente de la República y por tanto presidió el Senado Nacional (1904-1906); presidente de la República (1906-1910) por muerte del titular, y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1930-31). Pero fue también el único presidente que clausuró el Congreso. Es una historia que merece contarse a grandes rasgos.

Figueroa Alcorta tenía vinculación familiar con Tucumán: su esposa, Josefa Bouquet, era hermana de Clemencia Bouquet, casada con el distinguido político tucumano Zenón J. Santillán. Como buen cordobés, había sido siempre hombre de Julio Argentino Roca y del Partido Autonomista Nacional (PAN), que el ex presidente lideraba y cuyo núcleo duro estaba en aquélla provincia.

De la mano de Roca logró ser, sucesivamente, ministro en Córdoba, diputado nacional, gobernador de su provincia y senador nacional. En la “Convención de notables” de 1903, el apoyo de Roca le significó la candidatura a vicepresidente, en la fórmula que encabezaba el doctor Manuel Quintana y que, triunfante, asumió en 1904. Con la muerte de Quintana (1906) quedó como presidente titular.
Era ministro del Interior de Quintana, el doctor Joaquín V. González, hombre de Roca, demostrando así su fidelidad al PAN. Pero al renunciar González, Figueroa Alcorta lo sustituyó por un antirroquista, el doctor Manuel Montes de Oca, y luego por otro –tucumano- de la misma tendencia, el doctor Marco Avellaneda. Quedaba claro, de ese modo, que ya no aceptaba la tutela del PAN, que seguía siendo muy fuerte en el Congreso, sobre todo en el Senado.

Pero Figueroa Alcorta, además, maniobró con seguridad y con firmeza para demostrar que tampoco lo dirigían los legisladores mitristas; ni los numerosos partidarios del caudillo bonaerense y senador doctor Marcelino Ugarte, quien aspiraba a sucederlo en la presidencia en las elecciones de 1910.
La cerrada oposición legislativa hacia el presidente se manifestaba a cada rato, y eso convirtió en improbable la aprobación del presupuesto 1908. Figueroa Alcorta convocó al Congreso a sesiones extraordinarias, desde el 15 de noviembre de 1907, para tratar esa ley clave y varias otras. Pero pasaron tres meses sin que las Cámaras se ocuparan de los asuntos de la convocatoria. Además, se sabía que Ugarte maniobraba con sus legisladores para plantear juicio político al Ejecutivo.

Entonces, el presidente tomó una decisión que nadie sospechaba. El 25 de enero de 1908, expidió, en acuerdo de ministros, un decreto por el cual declaraba clausuradas las sesiones extraordinarias del Congreso, retiraba todos los asuntos elevados a su consideración, y ponía en vigencia, para 1908, el presupuesto del año anterior.

Los considerandos tenían en cuenta que, desde el comienzo de las sesiones, “no han sido considerados por las Cámaras, ni puestos a la orden del día para su discusión, ni uno solo de los asuntos incluidos en la convocatoria”.

Y añadía que, específicamente, la falta de sanción del presupuesto privaba al Gobierno “de los recursos necesarios para el sostén de instituciones como el Ejército, la Marina, la Policía, el Correo, los Ferrocarriles; sin cuyo funcionamiento desaparecería el gobierno de la Nación”.
Esto además de impedir “el servicio de la deuda pública, cuya suspensión produciría la ruina del crédito nacional”. Tampoco se habían tratado los pliegos de curso para el intendente municipal y para el presidente del Consejo Nacional de Educación.

En esas condiciones, entendía que prolongar las sesiones del Congreso era “contrario a la letra y al espíritu de la Constitución, la cual prescribe que sólo debe sesionar durante cinco meses, y faculta al Poder Ejecutivo para que lo convoque a sesiones extraordinarias, con el único objeto de tratar asuntos de gran importancia”.

Expresaba que semejante proceder “amengua la autoridad moral del Poder Ejecutivo y puede ser el germen de la anarquía y de la guerra civil”. Y que, en última instancia, “el presidente es el jefe supremo de la Nación y tiene a su cargo la administración del país”, con el deber de “velar por la paz y la tranquilidad pública y mantener la marcha administrativa del Estado”.
El cierre fue bastante más allá de los papeles. Figueroa Alcorta dispuso, el 27 de enero, que el Cuerpo de Bomberos ocupara el edificio del Congreso, y que impidiera el acceso de los legisladores de ambas Cámaras, en la proximidad de cuyos domicilios, además, se apostó la policía.
Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior informaba que estaban prohibidas las reuniones de legisladores nacionales en todo el territorio de la República. Cualquier gobernador que las facilitara, sería intervenido.

Como es de imaginar, la medida tuvo enorme resonancia pública. En la prensa, la condena fue prácticamente unánime. “La Nación”, por ejemplo, habló de un “atropello constitucional” y en el mismo sentido se pronunció “El Diario”. El título de “El Nacional” expresaba: “Golpe de Estado”.
Se sabía que Marcelino Ugarte instaba a sus amigos para alzarse directamente contra el Gobierno, y que con el mismo propósito se comunicaba con las provincias. No lo apoyaron. Cuando invitó a alzarse al gobernador de Entre Ríos, este le respondió que movilizaría sus fuerzas “veinticuatro horas después de que Buenos Aires movilizara las suyas”. Y en cuanto al gobernador de Buenos Aires, Ignacio Irigoyen, respondió a Ugarte que movería sus uniformados “siempre que Roca se ponga a su frente”.

En suma, los opositores no pudieron hacer nada concreto para revocar la drástica medida presidencial. El paso del tiempo iría jugando a favor de Figueroa Alcorta. La oposición más fuerte, que encabezaba Ugarte, planeaba que, ni bien se reabriera el Congreso, podría votarse rápidamente un juicio político al presidente.

Pero Figueroa Alcorta exigió al gobernador de Buenos Aires que rompiera con Ugarte, bajo amenaza de intervenirlo. La ruptura consistiría en armar una lista de candidatos a diputados nacionales donde no hubiera ningún “ugartista”. Fue una oferta que Irigoyen no pudo rechazar.

En la Capital Federal, roquistas y ugartistas se sumaron al Partido Republicano para armar una coalición que derrotara al presidente. Pero Guillermo Udaondo, jefe de los republicanos, no estaba muy convencido. Se demoró en el veraneo y, cuando por fin regresó, objetó la lista armada. No hubo tiempo para reunir la convención del partido y confeccionar otra: por lo tanto, no hubo lista opositora. Figueroa Alcorta indicó a cada gobernador de provincia la nómina que debía votarse. El único que no la aceptó fue el roquista Antonio Ortiz y Herrera, gobernador de Córdoba, y el Ejecutivo lo intervino, designando comisionado al médico y diputado nacional tucumano Eliseo Cantón.

Sin oponentes en la elección de diputados nacionales, cuando se integró de nuevo el Congreso se sentaban en las bancas numerosos hombres que respondían al presidente. En cuanto al Senado, los opositores encontraron conveniente plegarse a los nuevos vientos. Sólo desentonaba con la postura complaciente, el doctor Manuel Láinez, quien, desde “El Diario” satirizaba a Figueroa Alcorta sin descanso: lo llamaba “vice en ejercicio” y aseguraba que tenía fama de “yeta”…

Al reanudarse las sesiones, el 7 de mayo de 1908, con un Congreso despoblado de opositores, cayeron en el vacío las fuertes críticas que algunos diputados (como Antonio Piñero, Luis María Drago, Carlos Saavedra Lamas o Emilio Mitre) lanzaron contra la clausura.

En su mensaje de apertura de las Cámaras, aseguró Figueroa Alcorta que no había tenido intención alguna de violar la Constitución ni de inmiscuirse en el ámbito reservado a otros poderes del Estado. Mentó de paso la clausura del Congreso, a la que calificó de “uno de los procedimientos ulteriores” del decreto de implantación del presupuesto, determinado “por circunstancias graves y móviles elevados y dignos, absolutamente ajenos al designio inconcebible de incurrir en una violación de fueros parlamentarios, que no habría tenido justificación razonable”.

El tan resonante cierre del Congreso se canceló con una medida realmente insólita: el cuerpo resolvió procesar y multar al jefe de Bomberos, coronel José María Calaza, por haber impedido a Láinez el ingreso al Senado durante la clausura…

Fuente: Raúl Hill

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